La legisladora porteña del Frente para la Victoria, María Rosa Muiños, presentó un proyecto para modificar la Ley de Comunas con el objetivo de llevar adelante “una descentralización real del poder, cuyos principales beneficiaros serán los vecinos de la Ciudad” afirma.
La iniciativa busca ampliar las obligaciones y competencias de los miembros de las Juntas Comunales, las cuales pasarán a estar conformadas por áreas similares a las del Poder Ejecutivo, con el objetivo de canalizar las demandas de los porteños. Además, se establece la confección del Presupuesto Participativo Comunal con el aporte de los vecinos de forma independiente al Gobierno de la Ciudad.
"Desde el Poder Ejecutivo quieren instalar la idea de que los comuneros cobran un sueldo por no hacer nada porque, en el fondo, quieren hacer desaparecer a las Juntas para no delegar el poder. Por eso, uno de los propósitos de este proyecto es asignarles a los comuneros más competencias relativas a salud, educación o seguridad en el ámbito de su barrio, para lograr una descentralización efectiva, cuyos principales beneficiaros serán, sin dudas, los ciudadanos de Buenos Aires", explicó Muiños, presidenta de la Comisión de Descentralización y Participación Ciudadana.
Asimismo, "los miembros de cada Junta deberán reunirse con una frecuencia mínima de una vez por semana y el comunero o presidente que se ausente sin autorización pierde el derecho a toda retribución correspondiente al tiempo que dure su ausencia", según expresa el articulado.
El expediente también plantea “el fortalecimiento de los Consejos Consultivos, los cuales deberán implementar mecanismos de participación en la elaboración del presupuesto, canalizar demandas, elaborar propuestas, definir prioridades y realizar un seguimiento de la gestión, con la participación activa de las asociaciones civiles, clubes de barrios, cooperadoras y centros de jubilados, entre otros”.
Además, el proyecto pretende dotar a las Comunas de “estructuras técnicas que colaboren con la Junta Comunal para un mejor aprovechamiento de los recursos con que cuenta cada una, privilegiando al personal de planta permanente para ocupar esos cargos” y apunta al establecimiento de “una oficina dedicada exclusivamente al trámite y gestión de audiencias públicas, en pos de continuar profundizando los procesos de participación ciudadana y democracia participativa”.
Otro de los objetivos es la creación de una Auditoría Interna que garantice el control de gestión. Así, el expediente sostiene que "el Auditor será designado a propuesta de los representantes de la segunda fuerza política de la Junta Comunal, con acuerdo de al menos dos terceras partes de sus miembros y permanecerá en el cargo por cuatro años".
Por último, Muiños propone que un representante de la segunda fuerza de cada Comuna sea designado por la Junta para integrar el Consejo de Coordinación Intercomunal, que actualmente es presidido por un funcionario del Ejecutivo y por los presidentes de cada una de las Juntas.
“Debemos consolidar y profundizar el proceso de descentralización, y abordarlo como un mecanismo de democracia participativa que fomente la participación vecinal en la gestión y en los asuntos de gobierno”, concluyó la legisladora kirchnerista.