Las tomas de los colegios secundarios por parte de los alumnos, encontró descolocado a la administración de Mauricio Macri. Además desnudó el problema estructural y edilicio que afecta a la educación pública. Cronología de un conflicto cuya solución parece no llegar nunca.
Las tomas por parte de los alumnos que alcanzó alrededor de cincuenta colegios secundarios durante casi dos meses, puso en evidencia el calamitoso estado de la infraestructura educativa en los establecimientos de la Ciudad de Buenos Aires. Más allá de lo reprochable que pueda haber tenido la metodología, y sus consecuencias para el normal desarrollo del ciclo lectivo, el conflicto obligó al Gobierno porteño a acelerar la implementación de un plan de obras para dar respuesta al reclamo de alumnos, docentes y padres. El proyecto prevé un detalle de obras por cada institución, pero a pesar que la crisis pareció aplacarse con el levantamiento de las últimas tomas hace unos días, los estudiantes desconfían que la administración de la Ciudad cumpla con los plazos para realizar las mejoras y continúan en estado de alerta.
El planteo de los estudiantes fue inicialmente por mejoras edilicias, pero también se incluyeron reclamos por viandas y becas para estudiantes de menores recursos. Quien haya transitado por algún establecimiento educativo de la Ciudad, habrá observado que, en general, lo que prevalece es la postergación. Muchas veces le fue cuestionado a Mauricio Macri el poco énfasis del PRO en la defensa y el apoyo de la educación pública, pero el conflicto puso blanco sobre negro también algunas diferencias ideológicas sobre cómo debiera resolverse el problema. La disputa entre gobierno y estudiantes se prolongó poco más de un mes de manera generalizada. Involucró tomas de los establecimientos por parte de los alumnos, paros de los docentes, cortes de calles, un intento del ministro de Educación capitalino, Esteban Bullrich de identificar con listados a los estudiantes que lideraban las protestas –algo que cosechó el repudio del arco opositor y de la comunidad educativa--, y un sinfín de reuniones sin resultados satisfactorios.
Calificados inicialmente como “militantes políticos” como forma de descalificar el reclamo, los estudiantes fueron, en principio, estigmatizados desde el macrismo, que veía una vez más, la mano del Gobierno Nacional detrás de las tomas, en uno de los momentos políticos más tensos que debe atravesar Macri, luego de su procesamiento por el caso de las escuchas ilegales.
La primera ocupación tuvo lugar en la Escuela Mariano Acosta. Enseguida adhirieron los colegios Cornelio Saavedra, el Lengüitas, el Normal 6 y Manuel Belgrano. También el Fernando Fader, Julio Cortázar, María Claudia Falcone, Los normales 1, 4 y 5; el Juan Esnaola y el Rogelio Yrurtia, que integran la Coordinadora Unificada de Estudiantes Secundarios (CUES). Más tarde se sumarían otros establecimientos en la mayoría de los barrios de la Capital. El PRO cruzó a los estudiantes y el ministro Bullrich se atrevió a pedirle a los rectores de los colegios que eleven las listas de los alumnos que iniciaron las tomas, lo que fue repudiado por la comunidad educativa y derivó en la intervención de la Defensoría del Pueblo porteña. Incluso la ex vicejefa de Gobierno y actual diputada, Gabriela Michetti quedó en offside al reclamar a los alumnos que se organizaran para hacer ellos mismos las tareas de reparación. Fue más allá, y vía la red social Twitter deslindó la responsabilidad del oficialismo al asegurar que la grave situación edilicia precede a la actual gestión. “Nosotros no las rompimos”, se defendió.
Baños rotos, mampostería en mal estado, falta de refacciones y de mantenimiento de las estructuras edilicias fueron el común denominador de las exigencias. Ni que hablar de la tan prometida calefacción que hizo que muchas aulas se convirtieran en un lugar inóspito para pasar la jornada durante la temporada invernal, muchos menos para estudiar. Las tomas a esta altura del conflicto tuvieron dos modalidades. Varias escuelas presentaron tomas “clásicas” –sin dictado de clases– mientras que en otras la ocupación fue apenas simbólica. El ministro de Educación porteño, debió bajar el nivel de la controversia, y anunció que el comienzo de las reuniones con los estudiantes en conflicto “en cada comunidad escolar”, además de asegurar que “no habrá sanciones por las tomas de escuelas”. Bullrich tuvo que aclarar que “no habrá sanciones, porque la toma no es un problema disciplinario, aunque los consejos de convivencia de las escuelas analizarán algunos casos de vandalismo, si es que se puede identificar a los autores”. En cuanto a la extensión del ciclo lectivo, el Ministro aclaró que sólo alcanzará a las escuelas donde hubo tomas prolongadas con pérdidas de días de clase. “Cada comunidad nos va a informar cómo va a recuperar los días perdidos –informaron desde la cartera educativa–. En las escuelas donde las tomas fueron más prolongadas se podrían completar los 180 días extendiendo las clases hasta el 30 de diciembre”, anticiparon. En medio del punto más álgido del conflicto la conmemoración por un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices encontró a los estudiantes moviliza dos y apoyados por paros de los docentes y por algunos padres.
En las múltiples reuniones que se realizaron, el reclamo de los delegados estudiantiles al Ministro Bullrich persiguió “que se ejecute la totalidad del presupuesto destinado a infraestructura, que las refacciones se realicen este año y para todos los colegios, con plazos bien establecidos”. Algo que parece de difícil cumplimiento ya que algunas obras se prolongarán hasta por lo menos el año próximo. Lo que es posible resolver con mayor prontitud son algunas mejoras en los baños, en las instalaciones eléctricas, en la búsqueda de lugares destinados a la materia educación física o en las instalaciones de gas y de estufas, algo que tiene poco valor en esta época del año, cuando ya estamos en plena primavera. Bullrich, junto a la Viceministra Ana Ravaglia y su equipo de colaboradores, distribuyó un listado con el detalle de las obras prometidas a los estudiantes en 32 escuelas, con la fecha de inicio y de finalización de los trabajos. Algunas de esas obras no tienen plazo de inicio y finalización, pero la mayoría se iniciará este año, si se cumple la propuesta.
Con las aguas más calmas, el Ministro reconoció que había sido “desafortunada” la elaboración y distribución del instructivo en el que se sugería a los directores de escuelas hacer la denuncia policial en los casos de tomas y elaborar listas con los estudiantes que participaran de la medida. “Antes de que se conociera ese memorándum había dos colegios tomados, y dos días después ya eran más de veinte”, admitió. Bullrich también informó que su equipo mantuvo reuniones con los directivos de unas “sesenta escuelas tomadas o con potencial de tomas”, para trabajar el post conflicto. Y destacó además la participación de los padres en la conformación de equipos técnicos en el Mariano Acosta, los normales 7, 3 y 6 y en el industrial Otto Krause. En ese sentido, Bullrich también ratificó el compromiso de hacer un seguimiento mensual de las obras prometidas en la Comisión de Educación de la Legislatura. Aunque aprovechó además para descargar la responsabilidad por las falencias en el mantenimiento en las cooperadoras, que “en el 50 por ciento de las escuelas no funcionan”. Los representantes de esas asociaciones, en tanto, le reprocharon que “los recursos no llegan a las comunidades escolares o llegan tarde y con un recorte del 60 por ciento respecto de 2007”.
Lo que subyace luego de un extenso y desgastante conflicto con perjuicio, principalmente para los alumnos, y tangencialmente al Gobierno porteño es el debate por las condiciones acerca del estado de la Educación pública. La primera pregunta obligada es si finalmente se cumplirán las obras prometidas y si esto redundará en el comienzo de una mejora global de la educación pública en la Ciudad, ya bastante alicaída. La segunda pregunta es: ¿A alguien le interesa que esto suceda?