La actividad es organizada por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires y la asesoría de la institución.
Muchas personas han sido o están siendo víctimas de delitos y no encuentran el camino o la confianza para poder hacer la denuncia correspondiente y activar la investigación. En ese punto, una propuesta que cada vez va haciéndose más importante tiene que ver con el punto móvil de Acceso a la Justicia. En este ámbito se reciben denuncias y se hacen consultas y orientaciones vinculadas a acciones que ameriten la intervención de fiscales. La iniciativa llega esta semana a la Comuna 15: llega al Club Comunicaciones.
El punto móvil tiene previsto atender en la institución de Agronomía este miércoles 15 de enero, entre las 11 y 15 horas. Será en la sede de Avenida San Martín y Tinogasta. Se trata de una propuesta del Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Ciudad de Buenos Aires y la asesoría de un ámbito creado recientemente en Comunicaciones: el Área de Género y Derechos Humanos.
"Si fuiste o sos víctima de violencia de género o de otro tipo de delito, podés acercarte para realizar una denuncia o recibir orientación sobre los recursos y procedimientos para enfrentar estas problemáticas", invitan a quienes estén interesados o lo necesiten. Ya hubo anteriores oportunidades en las que se montó esta propuesta, con buena recepción de parte de vecinos, vecinas y socios del "Cartero".
Ante este evento, el área de Género y Derechos Humanos de Comunicaciones realizará una encuesta acerca de las inquietudes e intereses de socios y socias respecto de la prevención de violencias en nuestra institución.
Cabe recordar que el derecho de Acceso a Justicia, contemplado en el Art. 12 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, es de todas/os las/los habitantes. El mismo constituye un derecho fundamental de todo ser humano y ha sido consagrado en una diversidad de instrumentos internacionales. Pero en los hechos, el ejercicio de este derecho en la práctica cotidiana puede verse impedido por la existencia de distintos obstáculos normativos, sociales o económicos que imposibilitan que una persona que sufre la vulneración de sus derechos pueda ejercer debidamente su derecho de defensa en juicio y obtenga un remedio judicial idóneo y estas dificultades se agudizan aún más cuando la pobreza y la indigencia se encuentran presentes.
Ante esta realidad, los especialistas enfatizan que la presencia territorial a través de programas como este impulsado por el Ministerio Público Fiscal, de patrocinio gratuito, que asisten a una comunidad específica en el acceso a justicia "constituye una estrategia concreta para superar los obstáculos que los grupos vulnerados encuentran a la hora de acudir a pedir por sus derechos y que pueden surgir, entre otras causas, de la falta de recursos económicos para el traslado a Tribunales o de la falta de información sobre las vías legales disponibles para solucionar un problema concreto".
Club Comunicaciones:
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