Estrategias de defensa que no descalifiquen a las mujeres víctimas de violencia, aportes para lograr litigios judiciales con enfoque de género y programas especiales para asistir a quienes están presas son parte de las acciones que impulsa "para lograr el cambio cultural", sostuvo la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez.

 

Martínez, que es abogada, está al frente del Ministerio Público de la Defensa, ente autónomo y autártico, cuyo objetivo es la asistencia y defensa judicial de los derechos de las personas.

Impulsa el diseño de políticas dirigidas a lograr el acceso a la justicia, "sobre todo de los sectores más vulnerables", como las mujeres, para lo cual conformó comisiones de trabajo que abordan distintas realidades con enfoque de género.

Este año también presentó el libro "Violencia de Género. Estrategias de Litigio para la Defensa de los Derechos de las Mujeres", que reúne aportes de especialistas sobre distintas realidades.

La publicación del Ministerio "tiene muchas estrategias de defensa desarrolladas hacia las mujeres, parte de la convicción de que, por más que tengamos instrumentos internacionales sobre violencia de género y la ley de protección integral (Nº26485), falta mucho más", aseguró en diálogo con Télam.

Para la funcionaria "subyace un gravísimo problema cultural del que forman parte y afecta a juezas y jueces" en relación a los mitos que justifican la violencia hacia las mujeres.

 "Durante largo tiempo se creyó que el hombre tenía el derecho de corrección sobre la mujer. Hoy, nadie sostendría esto porque es políticamente incorrecto, pero el cambio de conciencia todavía está en proceso", señaló.

Por eso, el libro "ofrece estrategias para utilizar en el litigio que obliguen al juez a trabajar sobre los estándares ya establecidos por las normativas y que, poco a poco, se vayan incorporando en todo el trabajo jurisprudencial".

Es así que, ante un caso de violencia de género, un abogado puede patrocinar a la mujer o al agresor, por lo que "hay que formar al profesional para que tenga un trato profundamente respetuoso con la víctima".

En casos de violación "es muy común que la defensa del acusado utilice la descalificación, no dando crédito a la palabra de la mujer, cuestionando su conducta, sembrando dudas sobre su resistencia, pidiéndoles una conducta casi heroica a la víctima".

La Defensora reconoce que el acusado "tiene todo el derecho a la defensa, pero el defenderlo bien no implica hacer planteos descalificatorios para la víctima que no dan resultado".

Uno de los capítulos del libro analiza las posibles defensas para mujeres utilizadas para transportar estupefaciente, las comúnmente denominadas "mulas".

"El artículo trabaja la idea de hasta qué punto no deben ser comparadas con las víctimas de trata, en la medida que son captadas, utilizadas con riesgos para sus cuerpos, traídas desde países limítrofes, y que, cuando son aprehendidas, son abandonadas".

Esta realidad que la abogada identifica como muy común en el norte del país "nos permite mostrar estrategias diferenciales de defensa para estas mujeres".

Los desalojos y la violencia de género, el acceso al derecho al aborto en casos de violación y la expulsión anticipada de mujeres extranjeras presas con sus hijos son otras de las temáticas que se desarrollan en la publicación.

En relación a las mujeres privadas de libertad, la Defensora destaca "el trabajo que estamos haciendo para monitorear cómo se está aplicando la ley 26.472" que permite el arresto domiciliario de mujeres embarazadas o con niños menores de 5 años.

 "La respuesta judicial no es en todos los casos muy dispuesta a otorgar la libertad a las mujeres que están en esta situación", por eso impulsa capacitaciones "para lograr informes ambientales convincentes que les permitan a los magistrados dejar en libertad a las mujeres que tienen niños pequeños".

También el Ministerio cuenta con un programa de asistencia jurídica en cárceles de mujeres "donde le brindamos información sobre acceso a la Asignación Universal por Hijo; asesoramos sobre conflictos familiares, problemas de alquiler, entre muchos otros".

Este proyecto "es muy valorado por el Servicio Penitenciario que reconoce que este tipo de acercamiento baja el nivel de conflictividad, en tanto y en cuanto trabaja con la ansiedad".

La Defensora recuerda que hay abogados del organismo trabajando en la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia que ofrecen asesoramiento.

Adelantó que el próximo paso es lograr patrocinios en todo el proceso "para lo cual estamos en conversaciones con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y con la Asociación de Abogados de Buenos Aires con la idea de comenzar en la Ciudad y extenderlo a todo el país, tal como establece la ley de protección integral a las mujeres".

Telám