Después de cuatro años, una vez más, en la UBA se instala el conflicto que acompaña a la renovación de sus autoridades. Ahora, el detonante es el adelantamiento de la convocatoria a la Asamblea Universitaria, que lleva adelante la actual mayoría, con la supuesta intención de escapar del hostigamiento de las huestes más radicalizadas del estudiantado y, en los hechos, restar tiempos a las posibilidades de construir alternativas para garantizar que, en principio, nada cambie.

Nada nuevo bajo el sol, tampoco en la reacción de los sectores que, tras la bandera de la democratización, reducen la discusión a una mera reforma de los estatutos, e intentan trasladar el conflicto trabando la elección de decanos en aquellas facultades cuyo aporte resulta indispensable para la construcción de un nuevo modelo de universidad. El resultado: la naturalización de un ritual autorreferencial que limita el debate sobre la crisis de la universidad a una falsa opción entre la salida neoliberal que representan ciertos personajes que hoy gobiernan la UBA -algunos de ellos macristas declarados- y la protesta impotente de los grupos contestatarios cuya estrategia sectaria ha conspirado sucesivamente contra la posibilidad de modificar la correlación de fuerzas reales al interior de la Universidad.


Hoy resulta indispensable revisar estrategias, rectificar errores y replantear iniciativas asegurando las posiciones propias y las de potenciales aliados para no retroceder y poder reagrupar fuerzas: en la disputa hegemónica, el bloqueo sistemático aislado de toda propuesta superadora, dispersa la tropa propia y se vuelve parte del paisaje, cuando no es apropiado como bandera por el enemigo, como sucede también fuera de la universidad. En el mejor de los casos, perdemos todos.


Mientras tanto, los desafíos de una rica etapa política que recorre Nuestra América pasan por el costado de la mayor universidad argentina. Lejos han quedado los principios del movimiento reformista que se expandió por toda América Latina: extensión, cogobierno y autonomía son, en algunos casos, banderas bajo las que se justifica hoy un modelo de Universidad Pública signada por la mercantilización de la producción de conocimiento, gobernada por una minoría que no quiere ceder sus privilegios y de espaldas a las necesidades del conjunto de la sociedad que la sostiene y le da sentido.


Una discusión seria sobre la salida de la crisis de la UBA debiera partir de un programa situado en el contexto de los grandes debates sobre la redefinición del rol del estado y su vinculación con las demandas de redistribución de la riqueza y del conocimiento y la contrucción de un nuevo modelo productivo, también para las grandes mayorías que aún no acceden a la educación superior.


La Asamblea Universitaria debiera ser un foro donde se discuta la necesidad de que la UBA impulse una nueva Ley de Eduación Superior que reestructure el Sistema Universitario y proponga políticas de estado que profundicen el carácter público de la institución a partir de garantizar las condiciones de acceso y permanencia de sus estudiantes, los derechos laborales para sus trabajadores, los criterios para la asignación presupuestaria, la regulación del finaciamiento privado, la gratuidad de ciertos posgrados en función de su interés público, la coordinación de políticas de investigación con el estado nacional y la colaboración de la universidad en el mejoramiento del conjunto del sistema educativo, entre muchos temas urgentes.


En ese marco tendría sentido, junto a las reformas estatutarias que subsanen las desproporciones en el cogobierno que hoy ayudan a reproducir este modelo de universidad, referirse a una real democratización de la UBA que supone redefinir la función social de una institución pública sostenida por el presupuesto del estado nacional en una sociedad que aun tiene múltiples necesidades y urgencias.

La posibilidad de que la universidad cumpla el rol que pretendemos depende, en buena medida, de nuestra capacidad para sumarnos en la construcción de una alternativa que trascienda las falsas opciones que se nos presentan. Por eso, una verdadera democratización de las universidades exige, en primer lugar, la interpelación a la sociedad en su conjunto para fundar la legitimidad de su quehacer en tanto instituciones públicas.


Evidentemente, este programa requiere la conformación de un nuevo espacio político también al interior de la UBA, que sea capaz de convocar a los muchos que día a día sostenemos nuestro compromiso con la universidad pública para reconstruir los espacios de representación gremiales, institucionales y académicos, desandando así el camino del desacople entre ellos y el conjunto de la comunidad universitaria, pero fundamentalmente entre la universidad y una realidad política y social que nos invita a hacernos cargo de los debates de fondo.



                                                                         Fuente: UBA