El despacho de Martín Fresnera, Secretario de Derechos Humanos de la Nación, es austero. Forma parte del espacio destinado a la memoria, en el edificio en el que funcionó la ESMA. Lo que podría ser un dato irrelevante, en su caso se convierte en un dato político insoslayable. Martín Fresneda, el “Ñato, es hijo de desaparecidos, busca a un hermano o hermana apropiado y su abuela, Otilia Argañaraz, fue dirigente de Abuelas de Plaza de Mayo hasta su muerte.

 

 

El titular de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación forma parte de ese grupo de jóvenes que levantaron las banderas de la verdad y la justicia ante la desaparición de sus familiares y que, desde entonces, mantuvieron viva la memoria colectiva. Hoy, como funcionario, es referente de una nueva camada de dirigentes provenientes de organismos de derechos humanos y organizaciones sociales.

Desde su llegada al área apuestan a profundizar la reconstrucción la memoria colectiva pero con un anclaje en el presente. Ya se señalaron 100 sitios, en los que funcionarios los centros de tortura y detención, pero resalta que aún quedan 400. La Secretaría es querellante en varias causas de lesa humanidad contra militares y también en la que se involucra a civiles, como en “Papel Prensa”.

- ¿Qué significa que un militante de derechos humanos llegue a ocupar este lugar institucional?

- Hay una recuperación de una matriz de pensamiento y una forma de hacer política desde el sentimiento. Néstor Kirchner detectó ese espíritu en una nueva generación que nos reincorporamos después de haber estado frustrados en los ´90. Lo hicimos con muchas ganas de trabajar y con un sentido de lo público que vino a confrontar con aquel perfil de la clase política neoliberal. Al mismo tiempo es incorporar en la gestión pública un vagaje de luchas y experiencias que fueron positivas en esos años. Es una matriz de pensamiento, una visión filosófica de la política, renovada. Nosotros ocupamos un lugar porque ya desde la sociedad civil, desde las organizaciones populares veníamos haciendo un trabajo similar al que ahora nos toca como funcionarios. Tener esta posibilidad de aportar en esta etapa de recuperación y ampliación de derechos nos enorgullece en lo personal y da cuenta que el proyecto es colectivo. Esta oportunidad de formar parte del gobierno y poder pensar políticas hacia los sectores mas postergados y ampliar sus herramientas en el marco de un Estado diferente. Esa es nuestra tarea. 

- ¿Cómo definiría la etapa actual, en materia de derechos humanos?

- Nos toca vivir una etapa que, en un punto, empieza a concluir, en términos de justicia ya que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles; son una acción expedita que la van a conseguir todos aquellos que son o tienen un familiar víctima del terrorismo de Estado, que no se haya investigado y que se requiera de la acción de la justicia. Las personas que fueron sindicadas, tanto por testimonios como por prueba documental, son aquellas que ya desde el juicio de la causa 13 venían siendo investigadas; por el legajo de CONADEP; son aquellos que están siendo sometidos a un proceso judicial. Muchos han sido condenados, son 380 los que tienen condena. Cuando decimos que empezamos ha concluir la resolución de los conflictos de impunidad del pasado, hablamos de la mayoría de las causas, como nos pidió la presidenta. Asumimos con la responsabilidad de coadyuvar con la justicia en las políticas reparatorias con las víctimas del terrorismo de Estado. Pero esta etapa no es de cierre; nos permite construir este puente de autoridad moral, ética de un Estado con fortaleza, para empezar a resolver conflictos que son propios de una democracia que tiene 30 años. Hay  problemáticas que pueden tener una raigambre en estructuras que no han podido ser del todo saneadas y forma parte de la gestión de esta Secretaría avanzar en ese sentido.

-¿Qué otras líneas de trabajo están desarrollando?

-Otro eje es todo lo que hace a la creación e incorporación de los  nuevos derechos y la estandarización, de acuerdo a los parámetros internacionales, de éstos en las provincias. Como es el caso, en materia de niños/as extraviados/as o que son víctimas de trata o en conflicto con la ley penal que exige que tengamos políticas específicas para abordarlo.  También trabajamos con el Consejo Federal de Derechos Humamos, que tiene articulación con todas las secretarías, direcciones o áreas específicas en las provincias a fin de para fortalecer una línea de acción básica y el cumplimiento de los estándares en todas las jurisdicciones. Asimismo, estamos empezando a implementar proyectos con las universidades para trabajar sobre los derechos económicos, sociales y culturales en los distintos sectores y establecer mecanismos que nos indiquen alertas tempranas de posibles conflictos, entre ellos violencia institucional, violencia de género, conflictos con pueblos originarios y campesinos.

- ¿Qué opina del tema de revisar la estructura judicial?

-El debate acerca del rol de la Justicia estuvo postergado en la sociedad durante mucho tiempo. Hoy tenemos mas confianza en esta democracia, que tiene 30 años, y poner en debate qué piensa la sociedad de nuestra justicia es oportuno y necesario. Hay una parte de la justicia que perdió el vínculo con la sociedad, que perdió el termómetro de los conflictos sociales, de las necesidades de la gente y siguen con una biblioteca del juez distante, objetivo y con una perspectiva de imparcialidad divorciada del dolor de su gente. No hablo de todos los jueces y fiscales, sino del sistema en general, una estructura que pareciera que debe persistir en el tiempo y que debe ser intocable. Es la política, la única que puede resolver esto. Sino veamos que frente a un caso de impunidad del poder judicial, quién tiene que defender al Estado argentino ante la comunidad internacional? Lo tengo que defender yo, como Secretario de Derechos Humanos junto con la Cancillería que, por decreto de Néstor Kirchner, somos los responsables de defender a un estado federal. En esos casos no hay división entre jurisdicciones, porque es Argentina en su conjunto la que está en riesgo de ser sancionada por la comunidad internacional.

- El Poder judicial no parece permeable a este debate que se propone…

-Las corporaciones judiciales arrastran una matriz de pensamiento autoritario y creen que no se les pueden discutir nada. Pero como no vamos a hacerlo si sus fallos, muchas veces son vergonzosos? Claro, que hay muchos que nos enorgullece pero que a raíz de este conflicto la sociedad no los valora. Los fallos deben ser herramientas de transformación y de mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Los fallos de estos años sobre lesa humanidad deben ser herramientas pedagógicas para llevar adelante el sueño del nunca más. En cambio, el caso de Marita Verón es vergonzante. Y también discutamos que nos está pasando que las mujeres golpeadas deben denunciar cinco, seis veces, que son golpeadas y no se les cree y muchas terminas asesinadas. La justicia no dio respuesta a esas mujeres porque las estigmatizan, lejos de ponerse en lugar de un ciudadano, los jueces se ponen en un lugar distante, porque se creen mejores humanamente. La presidenta lo dice claramente, esta es la etapa de la igualdad, en la que debemos romper las asimetrías. A esas víctimas de las desigualdades estructurales o a quienes son víctimas del pensamiento machista, la justicia no les está dando respuestas.

 


 

 La ciudad, fuera de sintonía

No tenemos vinculación con la Ciudad de Buenos Aires porque el Ejecutivo actual no ha dispuesto continuar con la política de derechos humanos que tenía la gestión anterior. La única que subsiste es el programa de niños extraviados. Es muy complejo trabajar articuladamente, incluso cuando nosotros queremos avanzar en la construcción de una perspectiva de memoria o de ampliación de derechos, nos encontramos con que en la ciudad hay un proyecto que los sigue restringiendo desde una doctrina ya agotada incapaz de dar respuesta a los conflictos. Si no existe la colaboración y la puesta en común de los valores intrínsecos a la condición humana es muy difícil poder resolverlos. Son dos proyectos políticos antagónicos; en la CABA tenemos aquel que fracasó en los ´90 y que ha sido elaborado para un sector muy reducido de la ciudad, con fuerte injerencia de los grupos económicos que, a su vez, tienen gran injerencia en la voluntad popular.