Los vecinos que se oponen a la construcción de la cancha de rugby en la pista de atletismo de Parque Sarmiento organizaron actividades y tienen cada vez más adhesiones. La Asamblea Permanente de Derecho Humanos manifestó su preocupación por la desaparición de una espacio que lleva el nombre (paradojicamente) de un atleta desaparecido. La Federación de Atletismo se reunió con funcionarios y propuso distintos proyectos, buscando mantener la pista en el Parque. El Gobierno aseguró que evaluará la petición y seguirá con las consultas. Para un ingeniero integrante del Consejo Consultivo se podría realizar juicio político a los funcionarios porteños que impulsan este emprendimiento.
La oposición a la construcción de la cancha de rugby sigue sumando adhesiones. A las agrupaciones ecologistas e instituciones del atletismo, el grupo Vecinos Comuna 12, sumó su rechazo. Pero el más importante surgió desde la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que expresó en un comunicado su preocupación ante la nueva cancha. La pista de atletismo (llamada Miguel Sánchez por el atleta tucumano desaparecido durante la dictadura) es para la institución “un lugar simbólico que permite mantener viva la memoria”, por lo que exhorta al Gobierno porteño a reveer la medida.
Además, desde las agrupaciones vecinales siguen organizando actos de protesta. El pasado 1º de agosto por la tarde, Vecinos por la Ecología llevó a cabo “un día de atletismo” en la mismísima pista del Parque Sarmiento. Hubo atletas amateurs, motivados por las competencias sin límite de edad. También chicos de escuelas deportivas y gente relacionada al atletismo profesional. Estuvo presente -juntando firmas- el comunero Basilio Sioutis, aunque desde Vecinos por la Ecología destacaron que están ajenos a toda identificación partidaria.
En diálogo con este periódico, Hugo Campos, integrante de esta agrupación vecinal, enfatizó en que la petición virtual de rechazo a la obra llegó a las 17 mil firmas. Por otro lado, lamentó que el Subsecretario de Deportes porteño no haya aceptado recibir el material que había reunido Vecinos por la Ecología, lo que inhabilita la confección de un expediente dentro del Gobierno porteño. Agotadas las instancias por esa vía, Campos, aseguró que insistirán en el reclamo con el superior de Irarrazábal: Francisco Cabrera, Ministro de Desarrollo Económico.
Por su parte, delegados de la Federación Atlética Metropolitana (FAM) recibieron el pasado 23 de julio en su sede al Subsecretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, Francisco Irarrazábal. En la cita, le transmitieron sus inquietudes y su disconformidad respecto a la obra. Además, realizaron propuestas para no perder la pista, que es la única de la zona norte de la Capital (las otras están en los Parques Avellaneda y Chacabuco).
En un comunicado, la FAM sostiene que “el intercambio permitió que la comunidad del atletismo metropolitano planteara su punto de vista respecto al destino de la pista y se evaluaron proyectos alternativos que permitieran su continuidad en su actual ubicación (manteniendo una estructura reglamentaria de ocho andariveles de carrera), su integración con el estadio proyectado (símil a un estadio olímpico) o se analizara su traslado a un espacio cercano”. El objetivo primario, aseguran, es mantener el espacio dentro del Parque Sarmiento, donde además de la práctica amateur y profesional funciona una escuela dirigida por destacados atletas, y reúne a más de cien chicos.
Al respecto, el Subsecretario Irarrazábal dijo que evaluará la propuesta de la FAM, buscando que todos queden conformes con la decisión. “Como siempre hemos hecho, dialogamos con todos los involucrados, vecinos, federaciones, deportistas”, aseguró el funcionario. Sin embargo, aún no dio una respuesta definitiva que satisfaga a la FAM, por lo que el organismo convocó a seguir buscando proyectos alternativos para lograr la continuidad de la pista.
Por otro lado, desde el aspecto legal de la obra, el ingeniero Reinaldo Urcola, integrante del Consejo Consultivo de la Comuna 12, denunció públicamente que el proyecto viola la ley Orgánica de Comunas 1777, la Ley de Presupuesto 2015, el Plan Urbano Ambiental y la Constitución porteña. En su artículo 10º, inciso b, la Ley 1777 afirma que las comunas tienen competencia en “la planificación, ejecución y control de los trabajos de mantenimiento de los espacios verdes, en conformidad con la Ley de Presupuesto”. Para Urcola: “esta decisión unilateral del Gobierno Porteño invade las atribuciones comunales y puede ser motivo de un juicio político a los funcionarios”. Además sostiene que no se está siguiendo lo previsto en la Constitución de la Ciudad en cuanto a democracia participativa.
Desde la agrupación Vecinos por la Ecología, todavía no han intentado una acción de amparo. La vía judicial representaría romper todo tipo de diálogo, algo que todavía no está perdido del todo, según manifiestan. Y confían en que todavía el Gobierno pueda dar marcha atrás con la medida y optar por otro lugar para la cancha de rugby.