Un histórico edificio abandonado en el barrio de Belgrano se convirtió en el epicentro de una polémica tras el inicio del desalojo de familias que lo ocupaban desde hace casi 50 años. La medida, impulsada por una empresa privada, dejó a 50 personas, entre ellas 15 niños, niñas y adolescentes, en situación de extrema vulnerabilidad.
El lunes pasado, personal de una empresa constructora, acompañado por efectivos de la Policía de la Ciudad, comenzó a retirar las pertenencias de las familias que habitaban el edificio ubicado en Olazábal 3432. Los ocupantes, algunos de los cuales vivían allí desde hace más de cinco décadas, denuncian que no recibieron una orden formal de desalojo y que fueron desalojados de manera abrupta y arbitraria.
El edificio, conocido como el "Elefante Blanco" de Belgrano, tiene una historia que se remonta a la década de 1960. Su construcción comenzó bajo la responsabilidad de la empresa Promobra S.A., pero quedó inconclusa en 1965 debido a la falta de fondos. En 1972, el Estado Nacional adquirió la propiedad con el objetivo de destinarla a viviendas sociales, pero las obras nunca se completaron. Con el tiempo, el inmueble fue ocupado por familias que buscaban un lugar donde vivir, convirtiéndose en un refugio para quienes no tenían acceso a una vivienda digna.
Según relata Salvador, un vecino de la zona, el edificio fue inicialmente ocupado por un sereno que trabajaba para la empresa constructora. “Cuando la empresa quebró, llamó a su familia y, poco a poco, más gente se instaló en el lugar”, explicó. Con el paso de los años, el edificio de tres cuerpos y 14 pisos se convirtió en el hogar de decenas de familias, a pesar de las precarias condiciones en las que se encontraba.
La adquisición privada y el conflicto actual
En 2022, el edificio fue adquirido por una constructora privada por un valor de u$s6 millones, una cifra considerada baja para su ubicación privilegiada en Belgrano R. La empresa, que planea desarrollar un proyecto inmobiliario en el lugar, inició el proceso de desalojo de las familias que aún residían en el inmueble. Sin embargo, los ocupantes aseguran que no fueron notificados de manera adecuada y que el operativo se llevó a cabo sin respetar sus derechos.
Beto, quien vivió en el lugar durante 50 años, denunció que “tres meses atrás sacaron los medidores de electricidad, a pesar de que no había deudas con Edenor”. Otra mujer, residente desde hace 22 años, relató que “no recibimos ninguna orden de desalojo”. Además, señaló que la comunicación sobre el cambio de propietario llegó apenas dos días antes del operativo, dejando a muchas familias sin tiempo para organizarse.
Entre los afectados se encuentran personas mayores y niños con condiciones especiales, como autismo. “Mis hijos nacieron y crecieron aquí”, agregó la mujer, quien ahora enfrenta la incertidumbre de no tener un lugar adonde ir.
Asesoramiento legal y resistencia
Ante la medida de desalojo, varios vecinos han buscado apoyo legal y presentado una apelación para frenar el proceso. El conflicto subraya una disputa de propiedad nunca resuelta y expone la tensión entre los derechos de los ocupantes y los intereses de las empresas que buscan desarrollar proyectos inmobiliarios en zonas de alto valor.
Mientras tanto, las familias afectadas enfrentan un futuro incierto, sin garantías de que se respeten sus derechos ni soluciones habitacionales por parte del Estado. La situación también pone en evidencia el crónico déficit habitacional en la Ciudad de Buenos Aires y la falta de políticas públicas que prioricen a las personas en situación de vulnerabilidad.
El caso del Elefante Blanco de Belgrano no solo refleja un conflicto puntual, sino que también plantea preguntas más amplias sobre cómo se gestiona el acceso a la vivienda en una ciudad donde miles de personas luchan por encontrar un techo digno. Mientras las familias desalojadas buscan respuestas, la sociedad espera que las autoridades intervengan para garantizar que sus derechos no sean vulnerados.