La organización fue desbaratada en las últimas horas tras un allanamiento en la localidad bonaerense de Ingeniero Sordeaux.
El procedimiento estuvo, a cargo de la División Delitos Informáticos Complejos de la Policía de la Ciudad, derivó en la demora e iniciación de causa a un hombre de 58 años y la identificación de otras cuatro personas.
Personal de la División Ciberpatrullaje de la Superintendencia de Delitos Complejos de la Policía de la Ciudad detectó que por las redes se ofrecían títulos analíticos secundarios de manera fácil y sin perder tiempo, por lo cual se hicieron las comunicaciones judiciales para investigar esta situación.
Con los datos alcanzados por los policías, la UFI 18 de Malvinas Argentinas, del Departamento Judicial de San Martín, delegó la investigación a la División Delitos Informáticos Complejos.
A través de las distintas averiguaciones, informáticas sobre el usuario de la página de Facebook, y de campo, se dio con una dirección en la localidad de Ingeniero Adolfo Sordeaux, partido de Malvinas Argentinas, en el noroeste del conurbano bonaerense.
Con la información aportada, el Juzgado de Garantías 6 del Departamento Judicial de San Martín libró la orden de allanamiento, y la Fiscalía delegó la tarea en la misma división policial que llevó adelante la investigación.
En el procedimiento, con resultado positivo, se hallaron 17 títulos secundarios apócrifos, una notebook y un pendrive.
La Fiscalía dispuso el secuestro de ese material y proceder a la notificación de causa al imputado, en tanto otras cuatro personas fueron identificadas en el marco de la prosecución de la investigación.
En la República Argentina las operaciones de falsificar títulos son un delito: si el título fue expedido por una autoridad pública se comete una “falsificación de documento público”.
El artículo 292 del Código Penal dice que quien lo hace puede sufrir entre uno y seis años de prisión.
Si el título es privado, por ejemplo, de una institución a distancia no oficial, el delito es “falsificación de documento privado” y la sanción es de 6 meses a 2 años de prisión.
“En ambos casos, a la persona que compra le corresponde la misma pena que al autor de la falsificación”, explicó el penalista Hugo Wortman Jofré.
Si se vende un título falso (no emitido por una institución), el art. 172 prevé penas de 1 mes a 6 años de cárcel.
El artículo 247 “castiga a aquellas personas que realizan actos propios de una profesión que demanda un título habilitante”, explica Jofré.